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Instituto de Mayores y Servicios Sociales
30 de marzo de 2010.- El Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el informe sobre las medidas necesarias para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad
.
Este informe ha sido elaborado por el grupo de trabajo interministerial creado por el Consejo de Ministros el 10 de julio de 2009. Este grupo, presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social y con participación representantes de todos los ministerios, ha realizado un estudio de la normativa española que debe adaptarse a la Convención de la ONU.
La legislación española es una de las más avanzadas en el mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la UE, aunque hay que realizar modificaciones normativas en diferentes materias para adaptarla a las directrices de la Convención.
Las modificaciones necesarias se detallan en el informe presentado hoy. Éstas incluyen previsiones que van más allá de la propia Convención y de los mínimos de la misma.
Las propuestas contenidas en el informe afectarán a varias normas con incidencia directa en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre las principales propuestas contenidas en el informe destacan:
. Se busca una definición más amplia del concepto de persona con discapacidad, que no se ciña exclusivamente al ámbito de aplicación de esta Ley.España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, el 30 de marzo de 2007, y entró en vigorel 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español.
La Convención de la ONU no establece nuevos derechos, pero protege y garantiza el disfrute de los derechos y la igualdad plenta con el resto de las personas, especialmente en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social. Además, supone un cambio en el concepto de discapacidad, que pasa de ser considerada como una preocupación en materia de bienestar social a ser concebida como una cuestión de derechos humanos. Esto ha contribuido a dar mayor visibilidad a este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, ya que cuentan con una herramienta jurídica vinculante.
Los principios generales de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad son:
Estos principios ya estaban recogidos en los enunciados de la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
. Sin embargo, la Convención supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión de derechos humanos.
FUENTE: Gabinete de Prensa del Ministerio de Sanidad y Política Social
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